Era la pregunta que había quedado en el aire en el episodio anterior, y con ella empezó la cuarta parte de la conversación: ¿por qué, en Brasil, toda la evaluación de un arresto en flagrante pasa por una sola persona, el delegado de policía, si en el resto del mundo quien responde por el arresto es el propio policía que lo hizo? Para Eliel Teixeira y Edwin Wu, que hicieron toda su carrera en la policía de California, el diseño brasileño parece un desvío. El delegado Maurício de Thomazi, de la Policía Civil de São Paulo, profesor de derecho procesal penal y presentador del Criminocast, respondió como les responde a sus propios alumnos, empezando por la Constitución.
En Brasil, solo se arresta de dos maneras
El punto de partida es el artículo 5, inciso LXI, de la Constitución de 1988: nadie será arrestado salvo en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de autoridad judicial competente (con excepción de las transgresiones y los crímenes propiamente militares). Fuera de la orden del juez, la única puerta es el flagrante, y lo que es flagrante está escrito en el artículo 302 del Código de Proceso Penal (CPP). Se considera en flagrante a quien:
- está cometiendo la infracción penal;
- acaba de cometerla;
- es perseguido, poco después, por la autoridad, por la víctima o por cualquier persona, en una situación que haga presumir que es el autor de la infracción;
- es encontrado, poco después, con instrumentos, armas, objetos o papeles que hagan presumir que es el autor.
El ejemplo del invitado fue el de cualquier patrullero: el policía ve a un hombre apuntando un arma a la cara de una persona, entiende que es un robo en curso, interviene y detiene al sospechoso. La pregunta es: ¿quién dice, jurídicamente, que eso era un flagrante? En Estados Unidos, el propio policía. En Brasil, el delegado.
El policía es el "conductor"; el delegado lo formaliza
Según el diseño brasileño, el policía que hace el arresto es el conductor (condutor). Lleva al detenido y a los testigos a la comisaría y, en palabras del invitado, presenta la situación: "Delegado, vimos esto, creemos que es un flagrante, por favor analice si estamos en lo correcto." El artículo 304 del CPP ordena a la autoridad escuchar al conductor, a los testigos y al detenido y, si entiende que es un caso de flagrante, levantar el auto de prisión en flagrante. A partir de ahí, la decisión es suya. "Ahora es mío", resume el delegado.
No es solo un sello. El delegado puede no ratificar el arresto, mandar registrar el hecho y derivar el caso a investigación sin arrestar a nadie. En los delitos con pena máxima de hasta 4 años, él mismo puede fijar fianza (artículo 322 del CPP). Y el arresto debe comunicarse de inmediato al juez, al Ministerio Público y a la familia del detenido, con el auto enviado al juez en un máximo de 24 horas (artículo 306). La Ley 12.830/2013 define esas funciones del delegado como "de naturaleza jurídica, esenciales y exclusivas del Estado", y el cargo es privativo de licenciados en Derecho.
En California: el policía jura, el juez de guardia verifica
Del lado estadounidense, los presentadores describieron el camino que conocen desde la calle. El sworn officer, el policía juramentado, arresta sin orden judicial cuando tiene probable cause (causa probable) de que la persona cometió un delito, según el California Penal Code 836. Es él quien escribe el informe y firma la declaración de causa probable que va al juez de guardia. La Corte Suprema de Estados Unidos exige que, en un arresto sin orden, un juez haga esa verificación en un máximo de 48 horas (County of Riverside v. McLaughlin, 1991), y el Penal Code 825 manda presentar al detenido ante un magistrado en el mismo plazo, sin contar fines de semana ni feriados.
Hay también un filtro antes de eso. El Penal Code 849(b)(1) permite liberar al detenido sin llevarlo ante el juez cuando se concluye que no hay base suficiente para una acusación formal; en ese caso, según el 849(c), el arresto pasa a contar como una simple detención. En la práctica, quien suele tomar esa decisión es el supervisor, según la política de cada departamento. Eso fue lo que recordaron los presentadores: el arresto puede revertirse, pero el policía sigue expuesto a responder por él. Quien acusa es el fiscal, y quien examina la legalidad es el juez, sin un delegado en el medio.
La Sexta Enmienda: por qué el modelo del delegado no sobreviviría en una corte estadounidense
El argumento central de los presentadores es constitucional. La Sexta Enmienda garantiza al acusado, en todo proceso penal, el derecho a ser confrontado con los testigos en su contra (la Confrontation Clause). Desde Crawford v. Washington (2004), la Corte Suprema entiende que las declaraciones testimoniales de quien no va a declarar en el juicio, sin que la defensa haya tenido la oportunidad de interrogarlo, no pueden usarse contra el acusado.
De ahí el ejercicio que hicieron en el estudio: si un "delegado" estadounidense formalizara el arresto sin haber visto nada, la defensa le preguntaría en el juicio si estaba allí, si vio el comportamiento de su cliente, y escucharía "no" a todo. Solo sabe lo que oyó de terceros. Para la defensa, el arresto quedaría desmontado. Por eso, en Estados Unidos, quien se sienta en el banquillo de testigos es el policía que vio, oyó y decidió, con los cinco sentidos que usó en la calle.
California tiene una excepción que confirma la regla: desde la Proposition 115 (1990), en la audiencia preliminar, que solo decide si hay indicios para que el caso siga adelante, un policía con cinco años de carrera o capacitación específica de la POST puede relatar lo que dijeron otras personas (Penal Code 872(b)). En el juicio, la regla de la confrontación vuelve a regir por completo.
En la audiencia de custodia, quien se sienta en el banquillo es el delegado
El invitado tiene un dicho: cada vez que avala un arresto durante la guardia, está "sentado en el banquillo de los acusados" junto con el detenido. En la audiencia de custodia (audiência de custódia), el equivalente brasileño más cercano a la primera comparecencia ante el juez que los estadounidenses llaman arraignment, se evalúan tres cosas, y la ley confirma la lista (artículo 310 del CPP, con la redacción de la Ley 13.964/2019, y Resolución 213/2015 del CNJ):
- la legalidad del arresto: juez, fiscal y defensor verifican si la historia presentada cabía en uno de los cuatro incisos del artículo 302. Si no cabía, el arresto se anula, y quien se equivocó fue el delegado, que puede responder ante la Corregedoria (asuntos internos);
- los derechos del detenido: si tuvo derecho a guardar silencio, si se avisó a la familia, si sufrió agresión;
- la necesidad de la prisión: si se convierte en prisión preventiva, si se concede libertad provisional, con o sin fianza, con o sin tobillera electrónica.
La audiencia debe realizarse en un máximo de 24 horas, regla fijada por el Supremo Tribunal Federal en la ADPF 347 (2015) e incorporada al CPP por el paquete anticrimen. En California, la tercera pregunta, si el detenido queda preso o sale y con qué fianza, también se hace en la primera comparecencia; desde In re Humphrey (2021), la Corte Suprema de California exige que el juez considere la capacidad de pago antes de mantener a alguien preso solo por no tener dinero para la fianza.
El resultado, para el delegado de guardia, es un riesgo jurídico del "100%", en sus palabras: se "matricula" en todos los casos que llegan. Cuando los presentadores le preguntaron si está de acuerdo con eso, la respuesta llegó con la mala palabra que le da nombre al podcast, y queda para quien lo vea.
El primer filtro constitucional
La duda de los presentadores es sobre el diseño, no sobre el profesional: si el policía tuviera capacitación y formación jurídica para decidir, ¿no sería un sistema más directo, con menos gente involucrada y menos responsabilidad repartida? En la lógica estadounidense, quien vio es quien responde. En el modelo brasileño, alguien que no estaba allí asume la responsabilidad por algo que no presenció, sin saber si el policía y el sospechoso dijeron la verdad.
La respuesta de quienes diseñaron el sistema, según el invitado, es que el delegado también es un filtro de legalidad, "casi un mini juez": pregunta por el testigo, verifica que el detenido haya sido informado de sus derechos, deshace el arresto cuando no corresponde y manda soltar al esposado antes de que a alguien se le suspenda un derecho sin necesidad. Recuerda que el delegado no es superior jerárquico del policía militar que conduce al detenido: simplemente fue colocado en una posición jurídica en la que decide mucho.
Los presentadores recuerdan que el sistema estadounidense también tiene capas: el supervisor hace la primera evaluación y puede liberar (el 849), el fiscal supervisa el trabajo policial, sobre todo en las cuestiones constitucionales, y el juez hace la tercera verificación. La diferencia está en cuándo entra el filtro: en Estados Unidos, cuando el detenido llega a la comisaría, la suspensión del derecho ya ocurrió y quien responde por ella es el policía.
La Cuarta Enmienda, que prohíbe registros e incautaciones (searches and seizures) irrazonables, muestra el peso que los estadounidenses le dan a ese momento. Para la Corte Suprema, una detención en la calle, un arresto e incluso el uso de fuerza letal son formas de seizure (Tennessee v. Garner, 1985). Por eso, como ellos dicen, la seriedad del arresto se le pone en la cabeza al policía desde la academia.
"Hay que ser bueno con el papeleo"
En medio de la discusión apareció un punto en el que los dos sistemas coinciden. La gran lección, dice el invitado, es la que se da en la academia: el policía necesita tomar una decisión pensada y poder sostenerla en el informe. Si trajo al detenido, ¿por qué? Si dejó de traerlo, ¿por qué? Si al día siguiente el motivo resulta no ser suficiente, pero está bien explicado, el trabajo se hizo bien. Vale para el policía y vale para el delegado.
En California, la redacción de informes es una materia obligatoria de la formación básica de la POST (el Learning Domain 18, Investigative Report Writing), y el informe es la base con la que el fiscal decide si acusa. Hoy hay un segundo testigo: los presentadores cuentan que buena parte de la evaluación de su trabajo la hace la cámara corporal, que el fiscal mira. Para ellos, eso debilita el argumento de que hace falta una figura intermedia para "traducir" lo que el policía vio.
Por qué Brasil eligió este modelo
El propio invitado avisa que la explicación final es suya, no está escrita en ningún lado: es la que les da a sus alumnos. El arresto en flagrante es la "excepción de la excepción" en un sistema donde la regla es arrestar solo por orden judicial, un momento tan "radiactivo" que el legislador consideró conveniente tener una figura jurídica preparada, dedicada en la guardia solo a esa evaluación, antes del juez.
Y eso, dice, tiene historia. Brasil es un país "profundamente traumatizado por arrestos arbitrarios", y la Constitución de 1988 fue escrita justo después de 21 años de régimen militar (1964–1985), período en el que el Acto Institucional nº 5, de 1968, llegó a suspender el habeas corpus en los delitos políticos. Para él, las elecciones del legislador cargan con esa historicidad: son producto de la historia de cada país.
Lo que piensan los dos al respecto
Eliel Teixeira y Edwin Wu califican la explicación de Maurício de Thomazi como una de las mejores, si no la mejor, que han escuchado sobre el tema, sin renunciar a la mirada de quienes trabajan en California, donde la responsabilidad por el arresto es del policía desde el primer minuto. Lo que cada uno haría si tuviera que trabajar en el modelo brasileño, y qué tiene que ver eso con la productividad en la calle, está en el episodio y en la próxima nota de esta serie.
Fuentes y verificación
Constitución Federal de Brasil de 1988, art. 5, incisos LXI a LXV, y art. 144, § 4. Código de Proceso Penal, arts. 302, 304, 306, 310 (redacción de la Ley 13.964/2019) y 322. Ley 12.830/2013 (investigación criminal conducida por el delegado de policía). Supremo Tribunal Federal, ADPF 347 (2015). Consejo Nacional de Justicia, Resolución 213/2015 (audiencias de custodia). Acto Institucional nº 5 (1968), art. 10. Constitución de los Estados Unidos, Cuarta y Sexta Enmiendas. Corte Suprema de EE. UU.: Tennessee v. Garner (1985), County of Riverside v. McLaughlin (1991), Crawford v. Washington (2004). California Penal Code §§ 825, 836, 849(b)–(c) y 872(b) (Proposition 115, 1990). Corte Suprema de California, In re Humphrey (2021). California Commission on Peace Officer Standards and Training (POST), Learning Domain 18. La frase del "banquillo de los acusados", el riesgo "del 100%" y la explicación histórica del modelo son opiniones del invitado.
Quién habla aquí: Eliel Teixeira y Edwin Wu son policías en activo en la región de Los Ángeles, California — brasileños de nacimiento, ciudadanos estadounidenses, con largas carreras en la policía. En este episodio, hecho en alianza con el Criminocast, cierran la conversación en cuatro partes con Maurício de Thomazi, delegado de la Policía Civil del Estado de São Paulo, profesor de criminología y de derecho procesal penal y presentador del Criminocast.
Atención: lo que se describe aquí sobre la policía estadounidense vale para las reglas de California — y, en varios puntos, para el departamento específico de cada uno. En otros estados de Estados Unidos las reglas cambian. Lo que se describe de Brasil vale para la Policía Civil de São Paulo; cada policía brasileña tiene su propia ley orgánica y sus normas internas.
Mira este fragmento del episodio:
Prisión en flagrante y orden judicial en Brasil — a partir de 1:07 · Palavrão Tático
Este artículo es una edición de referencia del episodio 52 de Palavrão Tático y está sujeto a ajustes y complementos editoriales. Para la conversación completa, mira el episodio. — Actualizada el 19/11/2026.


